El Departamento de Estado de Estados Unidos habría cancelado
el visado estadounidense a los implicados en el expediente por soborno, contra
14 personas acusadas de recibir dinero de la constructora Odebrecht.
El expediente señala que se trató de la distribución de 92
millones de dólares entre funcionarios, legisladores y lobistas para la obtención
de contratos de obras gubernamentales, en varios períodos de gobierno.
En el expediente figuran dos senadores y un diputado a
quienes a pesar de poseer pasaportes oficiales, también Estados Unidos habría
ordenado a su embajada en República Dominicana suspenderles los visados B1-B2.
La información fue confirmada anoche a El Nacional por una
fuente de alto nivel de la legación diplomática estadounidense. También este
diario supo que un fiscal especial de Nueva York le da seguimiento al caso que
lleva una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana.
Los afectados con la medida del Departamento de Estado de EU
habrían sido Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Andrés
Bautista, Temístocles Montás, César Sánchez, Máximo De Óleo, Radhamés Segura,
Roberto Rodríguez Hernández y Bernardo Castellanos.
Al empresario Ángel Rondón Rijo le habían quitado el visado
en medio del proceso, mientras los legisladores afectados con sus visas de
turismo son los senadores por San Cristóbal, Tommy Alberto Galán; por Santiago,
Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco Osoria.
De acuerdo al protocolo de la embajada de Estados Unidos, es
posible que algunos de los afectados no se haya enterado de la medida, ya que
generalmente los afectados se enteran al momento de intentar salir del país.
Al grupo de 14 implicados se le atribuyen los delitos de
soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación,
desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público,
enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme lo establecen los
artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171,
172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre declaración
jurada de patrimonio que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los
hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
Decisión de Trump
El 20 de diciembre del 2017, el Departamento de Estado, el
presidente Donald Trump y el Departamento del Tesoro anunciaron acciones contra
las personas que para ellos han cometido abusos contra los derechos humanos o
actos de corrupción a nivel mundial.
La acción impone restricciones de visas a las personas
designadas conforme la orden ejecutiva e impide su acceso al sistema financiero
estadounidense. “Entre los afectados por estas acciones se encuentra incluido
el ciudadano dominicano Ángel Rondón Rijo”.
El comunicado en cuestión señala: “Que el gobierno de los
Estados Unidos continuará aplicando medidas significativas y concretas contra
las personas que cometan abusos en el campo de los derechos humanos o actos de
corrupción”.
Cronología
El 26 de diciembre de 2016 el Departamento de Justicia de
Estados Unidos informó al mundo sobre una violación de la Ley de prácticas
corruptas y de un acuerdo entre dicho departamento de justicia y la empresa
constructora Odebrecht.
En la tarde de ese mismo día, la Procuraduría General de la
República convocó a las instituciones oficiales dominicanas y sus responsables
a depositar los contratos suscritos con la empresa Odebrecht.
Entre el 10 y el 17 de enero de 2017, fiscales ayudantes del
procurador interrogaron a Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en el país,
quien habría admitido el pago de los sobornos.
Un Apunte
La libertad
El 8 de agosto de 2017 el juez Francisco Ortega Polanco
varió la medida de coerción de prisión preventiva a presentación periódica,
impedimento de salida y garantía económica a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa,
los únicos que hasta ese momento guardaban prisión.
El 31 de enero, la Procuraduría recibió el cheque 44588
emitido por Odebrecht por 30 millones de dólares, por concepto de
indemnización.
El 7 de junio de 2017, el juez especial de la Instrucción en
la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó prisión
preventiva para 9 de los 14 imputados, dos arrestos domiciliarios, y a los tres
legisladores impuso garantía económica de 5 millones de pesos, presentación
periódica e impedimento de salida del país.
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