La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de
Justicia (SCJ) conocerá mañana el recurso de apelación presentado por la
Procuraduría General de la República contra la resolución mediante la cual
fueron dejados en libertad tras el pago el pago de sendas fianzas el empresario
Angel Rondón y el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, acusados de
los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado a cambio
de asignaciones de obras estatales.
Con la apelación, la Procuraduría General de la República
persigue que ambos imputados sean retornados a la cárcel de Najayo, San
Cristóbal, con la imposición de un año de prisión como medida de coerción.
Se trata del conocimiento del recurso de apelación incoado
por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, contra la
resolución del juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco, que
ordenó la puesta en libertad de dichos imputados y en cambio les impuso
presentación periódica por ante el Ministerio Público, garantía económica e
impedimento de salida del país.
La Procuraduría dijo que la variación de las medidas carece
de fundamento, porque no han cambiado los presupuestos que en junio pasado le
fueron presentados al juez Ortega Polanco y a los jueces de la Cámara Penal de
la Suprema Corte de Justicia.
Por segunda vez
Rondón y Díaz Rúa retornan por segunda vez a la Cámara Penal
de la SCJ, siendo la primera el 08 de julio de este año cuando el tribunal
ordenó el mantenimiento en prisión de ambos, tras rechazarles los recursos de
apelación que interpusieron a través de sus abogados Juan Antonio Delgado,
Pedro Balbuena y Miguel Valerio.
En esa ocasión, el tribunal integrado por los jueces Miriam
Germán Brito, Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hiroíto Reyes y Esther
Agelán Casasnovas, dispuso la libertad de seis de los 10 que en ese entonces
tenían medidas de coerción. Luengo el número de imputados con medidas de
coerción se elevó a 11, con la presentación del ingeniero Bernardo Castellanos
de Moya.
Dicho tribunal ordenó en esa ocasión la libertad de
Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Máximo D’ Oleo, Ruddy
González y César Sánchez, y le impuso el pago de garantía economía, impedimento
de salida del país y presentación periódica por ante el Ministerio Público,
como medida de coerción.
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